SI CUALQUIER empresario cae en la cuenta de que alguno de sus ejecutivos o trabajadores es un perfecto desastre, lo más normal es que lo ponga de patitas en la calle en un cortísimo periodo de tiempo. Más aún si comprueba que las andanzas del incompetente o carota puede poner en solfa la reputación de la compañía entera e incluso la propia viabilidad de la misma. En la esfera pública, en cambio, las cosas se mueven con un ritmo totalmente diferente, incluso cuando quienes cometen gravísimas irregularidades o meteduras de pata lucen en los hombros, es un decir, los galones de jueces o magistrados. Que no son, por cierto, cualquier cosa, porque son ellos los únicos que tienen potestad para mandar a alguien a la cárcel o coartar las libertades de la ciudadanía cuando hay sospecha de delito. Tras lo que se ha publicado estos días sobre Pilar de Lara y su nefasta instrucción del caso Pokémon, que arruinó la carrera política y manchó para siempre la reputación de un buen número de ciudadanos de Compostela, mucha gente pensará que los jueces son intocables y que puede hacer lo que les viene en gana. Pero no es así, porque ellos también cuentan con un director que puede y debe tirarles de la orejas cuando hacen algo rematadamente mal. Ese mandamás se llama Consejo General del Poder Judicial y tardó la friolera de diez años en tomar medidas disciplinarias efectivas contra una magistrada, De Lara, que llevaba desde 2009 abriendo macrocausas que nunca cerraba, con el consiguiente calvario judicial para las muchas decenas de personas que iba imputando. Si tal lentitud de actuación se diese en la esfera privada, en España no quedaría ni una sola empresa en pie, pero en el sector público no pasa nada. ¿Conclusión? El CGPJ se lo tendría que hacer mirar. Y el Estado, también. Con muchísima urgencia.